¿El fin de la prensa libre?

Hace unos días que se esperaba la resolución del Caso Plame en el que sendos periodistas, de la revista Time y del periódico The New York Times, se enfrentaban a penas de cuatro meses de cárcel por negarse a revelar sus fuentes en un tema de seguridad nacional. Pues bien, hoy se ha dictado sentencia sobre el caso.

El juez de la corte de Washington D.F.,Thomas F. Hogan, ha decretado el ingreso en prisión de Judith Miller, periodista del N.Y. Times, por negarse a testificar sobre sus conversaciones confidenciales con fuentes del gobierno. Por otro lado, Matthew Cooper, de la revista Time, accedió a testificar en última instancia, y no irá a prisión. El reportero cambió de parecer después de que su fuente, de manera inesperada e in extremis, se pusiese en contacto con él para decirle que lo liberaba del compromiso de mantener su identidad en secreto.

Por su parte, Miller dijo en el transcurso del juicio que ella no revelaría su fuente "sea cual fuere el tiempo que estuviera encarcelada". "Si no se puede confiar en que los periodistas preserven la confidencialidad de sus fuentes, no podrán actuar y no existirá la prensa libre", leyó Miller en la Corte del Supremo. "El derecho a la desobediencia civil se basa en la cláusula de conciencia, es fundamental dentro de nuestro sistema y ha sido honrado a través de nuestra historia", resaltó. El juez Hogan le dijo que ella tenía en su mano "la llave de su propia celda".

El editor jefe del N.Y. Times, Bill Keller, dijo a la salida del Supremo que la decisión de Miller de ir a la cárcel antes que descubrir a su fuente era "valiente y acorde a sus principios". "Ella se comprometió con su fuente y está cumpliendo ese compromiso", dijo. El problema ahora es que cualquier institución poderosa así como el propio gobierno pueden decidir qué se debe publicar o no.

Tanto Cooper como Miller estaban sentenciados desde octubre pasado a 18 meses de cárcel ya que se habían negado durante meses a comparecer ante un jurado que busca determinar quién en la actual administración estadounidense filtró la identidad de la agente secreto de la CIA Valerie Plame. La semana pasada el juez Hogan se negó a sobreseer el caso y ambos reporteros se enfrentaban a penas de cuatro meses, lo que restaba de su primera condena, hasta que accediesen a revelar sus fuentes. Es importante recordar que en EE.UU. desvelar la identidad de un agente secreto es un delito contra la seguridad nacional.

Todo comenzó hace dos años cuando el columnista Robert Novak divulgó la identidad de una agente de la CIA, Valerie Plame, y para ello citó en su artículo a fuentes anónimas del actual Gobierno estadounidense. Esto salió a la luz pocos días después de que el marido de Plame, el ex embajador Joseph Wilson, cuestionase en el New York Times al presidente George W. Bush cuando justificaba la guerra de Iraq con acusaciones como que Sadam Husein había intentado comprar uranio en Níger para fabricar una bomba atómica.

Los expertos legales que han seguido el caso suponen que Novak ha cooperado con la justicia para eludir la cárcel. Varios periodistas han criticado la actitud de Novak por no revelar lo que sabe ni qué colaboración ha prestado, si es que ha habido alguna, a la investigación judicial. El periodista tras coincidir en que no está bien encarcelar a los colegas de profesión ha declarado que "revelará todo lo que sabe" cuando el caso concluya.

Lo curioso del caso es que nadie sabe qué crimen se está investigando, más allá de la ya citada publicación de la identidad de un agente de la CIA. El fiscal del caso ha declarado que nadie, ni siquiera los periodistas, están amparados por cláusula de confidencialidad alguna en EE.UU. Incluso considera que Judith Miller cree estar "por encima de la ley" cuando se niega a revelar la identidad de su confidente. También es chocante que Miller se enfrente a una pena privativa de libertad cuando su artículo ni siquiera llegó a publicarse...

Pero el culmen de este rocambolesco caso está, como no, en la identidad de la fuente (o fuentes). En un principio todo apuntaba a Karl Rove, asesor personal del presidente George W. Bush, como el responsable de la filtración, Esto constituiría un auténtico escándalo y acabaría con la carrera política del artífice de las victorias electorales de los republicanos en los dos últimos comicios.

Aquí se resalta el conflicto de intereses entre el derecho de los periodistas a proteger sus fuentes, la necesidad de investigar un crimen por parte del Poder Judicial y la justificación, aún a día de hoy, de la administración Bush de la necesidad de invadir Iraq. La opinión pública ya tiene carnaza con la que deleitarse después de haber conocido la identidad de Garganta Profunda, el confidente del Caso Watergate. ¿Quién es ahora el nuevo Garganta Profunda? Así estaremos ocupados pensando en ello en vez de preguntarnos la cuestión de fondo: ¿quién decide qué y cómo se debe publicar?