Morfina para todos

El caso del doctor Luis Montes, jefe del área de sedación de Urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés, ha suscitado un debate en la opinión pública que trasciende lo político. No hay duda que como trasfondo existe un tira y afloja entre la Administración y la Comunidad de Madrid con el objeto de plantear la conveniencia -o no- de privatizar determinados ámbitos de la sanidad pública, pero el tema va mucho más allá.

Montes está en el ojo del huracán por su gestión durante tres años al frente del área de paliativos y lo que se juzga, sin entrar en la labor de los jueces, es si acabó de forma deliberada con la vida de cientos de enfermos con sus prácticas médicas. Casos como el del difunto Papa Juan Pablo II, aquejado de un Parkinson severo, o el también reciente de la norteamericana Terry Schiavo, más de 15 años en estado vegetativo, han sensibilizado a la ciudadanía ante un tema tan poco agradable como es la muerte.

Estamos de acuerdo en que cuando un enfermo ingresa en urgencias para recibir cuidados paliativos se supone que su salud está en precario y el centro médico se encarga de minimizar el dolor. También es cierto que las sospechas sobre la actuación del doctor Montes -de ahí la investigación- se centran en las elevadas dosis de morfina que administraba a sus pacientes, en sus reiteradas negativas a que ingresaran en planta y al espectacular porcentaje de fallecidos en las 24 horas subsiguientes a su entrada en Urgencias.

Pero el trasfondo, como ya se apuntó en un principio, es más político que otra cosa. Los intereses de Gobierno y oposición en lo que a sanidad pública y privada se refieren son contrapuestos y ambos intentan arrimar el ascua a su sardina. Es, en cualquier caso, una pena que las cifras de fallecidos sólo sirvan como argumentos políticos a favor o contra de cada una de las tesis, pero en realidad es así. Los familiares de los fallecidos, sensibilizados por la muerte de sus seres queridos, emprenden acciones legales contra el médico. La opinión pública tiene, en función de las informaciones que les llegan a través de los medios, su propio veredicto de culpabilidad listo para sentencia y el Colegio Oficial de Médicos de Madrid se mantiene al margen del escándalo, confiado en que éste no dañe aún más su imagen.

Ante este panorama surge la cuestión de fondo. ¿Se puede aplicar la eutanasia activa con pacientes en condiciones extremas? Si así fuera, ¿a quién le compete tomar la decisión final, al médico o a la familia del enfermo? Todos tenemos nuestra propia opinión al respecto, más allá de códigos deontológicos o dudosas praxis médicas, pero la clase política tan solo intenta que los hechos sirvan, de una u otra forma, a sus intereses particulares. ¿Por qué no llevan estas cuestiones a debate? ¿Por qué no se sondea la opinión de los ciudadanos ante un tema tan importante como es poder tener una muerte digna?

El problema que se plantea es saber si realmente las investigaciones o el debate en los distintos foros servirán para arrojar luz sobre el caso o todo es al fin y al cabo una nueva maniobra de distracción más para mantener a la gente ocupada. El peligro subyace en que, tras el revuelo del último mes, todo pase a engrosar la larga lista de temas de actualidad a la misma altura del Madrid-Barça, la boda del Príncipe Carlos o los funerales por el Papa.
Y lo peor es que al final, cuando hagamos recuento del año, apenas recordaremos de qué trataba el caso del hospital de Leganés. Ni siquiera sabremos cual era el nombre del centro. Seguiremos sedados en nuestros hogares, desinformados y esperando nuestra siguiente dosis de morfina.